La sesión deberá durar unas 20 horas, concluirá durante la mañana del miércoles y fue instalada por el presidente del Senado, Renán Calheiros, quien entregó la dirección del trámite al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, garante constitucional del proceso y corresponsable de la fase final del juicio político.

“El Senado se reúne para adoptar una de las mas graves decisiones que la Constitución le encomienda, como es la posible destitución de una presidenta”, declaró Lewandowski al declarar abierta la sesión, que coincide con la quinta jornada de los Juegos Olímpicos que se celebran en Río de Janeiro.

El presidente del Supremo subrayó la “delicada incumbencia” del caso y también que los senadores deberán actuar como “jueces”, con “plena independencia”, según sus “propias conciencias y las normas constitucionales”, y despojados de “pasiones políticas”.

En esta maratoniana sesión, el pleno del Senado votará un informe que recomienda la destitución de Rousseff, acusada de maniobras que alteraron los presupuestos y de otras irregularidades fiscales, como la contratación de créditos para el Gobierno con la banca pública, lo cual está vedado por las leyes brasileñas.

Esos cargos no suponen delitos penales, pero pudieran constituir gravísimas faltas administrativas que, de acuerdo a la Constitución brasileña, bastan para justificar la revocación de un mandato.

A lo largo de la sesión será leído el informe del relator del caso, el senador Antonio Anastasia, que recomienda la destitución, y serán analizadas las posibles apelaciones que pueda presentar la defensa de Rousseff.

Posteriormente, cada uno de los 81 senadores tendrá 10 minutos para exponer su posición, lo cual ya garantiza cerca de 14 horas de debates, y finalmente tanto la acusación como la parte acusadora dispondrán cada una de media hora para dirigirse al pleno.

Para que el informe que recomienda la destitución de Rousseff sea aprobado y el proceso avance a su última fase, en esta sesión será necesaria una mayoría simple entre los senadores presentes, que en caso de plena asistencia supondría 41 votos.

Si fuera así, el proceso llegará a su fase definitiva, en la que el pleno del Senado deberá volver a pronunciarse en una última votación, en la que la mandataria será despojada del mandato si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos (dos tercios).

Esa sesión sería convocada para fines de este mes y, en caso de llegarse a la destitución, el mandato que vence el 1 de enero de 2019 será completado por Michel Temer, quien desde el pasado 12 de mayo sustituye a Rousseff en forma interina, al menos hasta que concluya el proceso.

Sin embargo, si Rousseff fuera absuelta, recuperará el poder y Temer deberá volver a ocupar la Vicepresidencia, aunque su abierta enemistad con la mandataria, que lo acusa de “golpista”, puede llevar a su renuncia.

La acción terminó con la detención de ocho activistas, dijo la policía a la cadena pública local.

Las dos pistas del aeropuerto están abiertas nuevamente desde las 07H20 hora local (05H20 GMT), pero se espera que las anulaciones continúen en el primer día de un fin de semana largo, en el que habitualmente hay mucho tránsito en Alemania.

La organización ecologista Last Generation, que reivindicó la acción, es conocida por organizar manifestaciones espectaculares -como pegarse a carreteras frecuentadas o echar puré sobre un cuadro de Claude Monet- que dividen a la opinión pública y suscitan respuestas cada vez más duras de las autoridades.

Sus miembros irrumpieron traspasando una valla, lo que provocó la cancelación de 61 despegues y aterrizajes, indicó un portavoz del aeropuerto.

El ministro de Transportes alemán, Volker Wissing, subrayó que no se trata de una “manifestación legítima, sino de una intervención contra el tráfico aéreo”.

Si este último “no es seguro, se pone en peligro a las personas. Hay un riesgo de graves daños económicos y miles de viajeros quedan bloqueados”, indicó.

Por su parte Last Generation acusó en X al gobierno alemán de no hacer lo suficiente para desalentar el uso del avión y sus emisiones de gases perjudiciales para el clima.

“Es absurdo que la gente tenga más posibilidades de pagar vuelos que de viajar en tren”, dijo el grupo.

“La responsabilidad recae en el gobierno que subvenciona los vuelos pero no apoya al sistema de transporte ferroviario”, añadió.

Fuente: AFP

La norma que enfureció a las organizaciones que defienden la diversidad sexual incorpora una vieja clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es un decreto que nos retrocede más (de) tres décadas, cuando se ‘descataloguizó’ la homosexualidad desde la OMS (...) No podemos vivir en un país donde nos consideren enfermas o enfermos”, señaló a la AFP Jorge Apolaya, portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Unos 200 manifestantes se reunieron frente a la sede del Ministerio de Salud, en Lima, para rechazar la decisión del gobierno de mantener en firme el decreto, pese a las protestas que coincidieron con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

“Es una normativa que nos violenta (...) nos están colocando como personas enfermas, como si tuvieramos un problema y la identidad de género es todo lo coantrario” sostuvo Áfrika Nakamura, una comunicadora audiovisual de 25 años.

Bajo lemas como “¡No es enfermedad, es diversidad!” y “Somos trans y no somos enfermas, aquí está la resistencia trans”, los manifestantes bloquearon por unas horas la transitada y céntrica avenida donde está el ministerio, sin que se reportaran choques con la policía.

“Reclamamos la derogación porque estigmatiza a las identidades transgénero, no podemos ser catalogadas frente a un diagnóstico patologizante”, dijo a la AFP Maju Carrión, directora de la asociación TRANSformar.

- “Interpretación errónea” -

Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental.

“El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.

Según el portavoz oficial, “ha habido una mala lectura y una interpretación errónea” del decreto.

La transexualidad “no es un problema de salud mental y estamos de acuerdo con eso, a tal punto que hay varios documentos del ministerio que lo especifican”, expresó Alvarado.

El decreto actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada.

Sin embargo, empleó una antigua clasificación de la OMS, conocida como CIE-10, con la descripción que puso en alerta a los grupos LGBT.

Desde 2022, la organización dejó de caracterizar la transexualidad como un trastorno mental.

Alvarado insistió en que la intención del gobierno fue ampliar la atención en salud mental a tratamientos ambulatorios, siquiátricos, endocrinológicos derivados de la identidad de género, que antes del decreto no eran cubiertos por aseguradoras privadas, principalmente.

“La idea es hacer la transición al CIE-11 lo más rápido posible”, sostuvo Alvarado, sin especificar si esto implicaría la expedición de un nuevo decreto más adelante.

- Consecuencias -

Para los colectivos LGBT, mientras la norma siga vigente, sus miembros están expuestos a “graves consecuencias”, como a las mal llamadas terapias de conversión, que agencias de la ONU equiparan con torturas.

“No hay que olvidar que las terapias reparativas consistían en tratamientos (como) electroshock, baños en hielo”, comentó el portavoz del Colectivo Marcha del Orgullo Lima.

Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.

En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) también llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.

“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización.

Fuente: AFP

Las nuevas normas, publicadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y aprobadas por el papa Francisco, permiten una interpretación más moderada de este tipo de acontecimientos.

“En determinadas circunstancias, no todo es blanco o negro”, dijo en una conferencia de prensa el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, responsable del Dicasterio. “A veces se mezcla una posible reacción divina (...) con pensamientos y fantasías humanas”, afirmó.

Las nuevas reglas actualizan las que existían desde 1978 y orientan a los obispos, que hasta ahora tenían libertad para determinar la autenticidad de las visiones y apariciones.

Según el documento, el Vaticano solo ha “resuelto” seis casos de este tipo desde 1950.

La historia de la Iglesia católica está llena de fenómenos extraños o inexplicables que implican estatuas religiosas u objetos de todo tipo.

Hace dos meses, el Vaticano rechazó como falsos los presuntos milagros de una imagen de la Virgen María en la pequeña ciudad de Trevignano Romano, al noroeste de Roma, que no solo habría llorado sangre sino que habría hecho aumentar el tamaño de las pizzas.